2015-11-23 | 09:16:19

El Presidente ya envió al Senado las dos ternas de candidatos para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En una de ellas incluyó al hoy procurador de justicia del Estado de México. Es una mala decisión. Alejandro Gómez, en lugar de ser candidato al máximo tribunal del país, garante último de los derechos humanos, debería estar siendo procesado por todos los delitos relacionados con falsear una investigación judicial, la de Tlatlaya, un caso donde presumiblemente se violaron múltiples derechos humanos.
Todo indica que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a cargo del hoy candidato a ministro, mintió para encubrir la presunta ejecución de 22 personas por parte de una patrulla del Ejército el 30 de junio del año pasado. Cuando tratamos este asunto en Es la Hora de Opinar, dudamos de la versión del supuesto enfrentamiento que había informado la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Acto seguido, la PGJEM envió un boletín de prensa para informarnos que, con respecto a lo ocurrido en Tlatlaya, la procuraduría había practicado “entre otras diligencias, dictámenes periciales en materia de medicina legal, radizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos”. La institución a cargo de Gómez concluía que, con estas pruebas, se mostraba que “los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”. Las pruebas de Gómez comprobaban la versión oficial de la Sedena: que no había habido ninguna ejecución extra judicial.
Hoy sabemos, sin embargo, que las pruebas fueron fabricadas para encubrir lo sucedido. Gracias a las investigaciones de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, Sedena reculó y corrigió su versión de los hechos. Algunos de los soldados involucrados fueron detenidos y procesados. En los medios aparecieron fotografías donde se aprecia, con claridad, que los soldados sí habían ejecutado a varios de los muertos ese día en Tlatlaya. Lo cual comprueba, a su vez, que la PGJEM mintió para proteger al Ejército.
En un país con rendición de cuentas, el procurador Gómez ya hubiera sido removido de su cargo y procesado por falsear una investigación judicial. Él es el responsable político y jurídico de los peritos y ministerios públicos que fabricaron pruebas, trastocaron la escena del crimen, cometieron perjurio e incluso torturaron a sobrevivientes para que éstos atestiguaran sobre un supuesto enfrentamiento. No creo que todos los funcionarios involucrados hayan actuado así por una ocurrencia. Es posible suponer que recibieron una orden de arriba para fabricar la investigación a modo. ¿Alguien tan arriba como el mismísimo procurador Gómez que hoy está siendo propuesto por el presidente Peña para ir a la SCJN a defender los derechos humanos y hacer justicia?
No me puedo imaginar a un personaje con estos antecedentes sentado en la SCJN. ¿Por qué lo propuso el Presidente? La única respuesta que se me ocurre es que, como en malas decisiones anteriores, Peña realiza nombramientos de gente impresentable para premiarlos. Ya sucedió con Arturo Escobar, muy cuestionado por las trampas de su partido, el Verde, en elecciones pasadas. A pesar de su mala fama, lo nombró subsecretario de Gobernación, supongo que para premiarlo por las trapacerías de los verdes, aliados del PRI, con tal de ganar más diputados y darle a Peña una cómoda mayoría en la Cámara Baja.
Lo mismo con Fidel Herrera. Algo le debía Peña al ex gobernador de Veracruz, de no mejor fama que Escobar, que lo designó cónsul de México en Barcelona (degradando este consulado para que Herrera no tuviera que ser aprobado por el Senado).
¿Qué le debe el Presidente a Alejandro Gómez como para candidatearlo a la SCJN? ¿Será como premio por haberle pedido que falseara la investigación judicial para proteger al Ejército? ¿O tan sólo lo incluyeron porque es del grupo político del Estado de México? No lo sé. Lo que sé es que el Senado debe rechazar a este personaje que no se merece estar en una terna de candidatos a la SCJN. Los senadores incluso deberían aprovechar la comparecencia de Gómez para que explique por qué la institución a su cargo falseó una investigación tan importante como la de Tlatlaya.



Twitter: @leozuckermann