2015-02-26 | 20:58:55

@magzamu

La crisis en el estado de Veracruz, como lo hemos relatado en diferentes ocasiones, va más allá del tema económico –para nadie es desconocido la crítica situación económica que impera en nuestra entidad- se trata también de una crisis de valores, de identidad, de gobernabilidad, sumado al tema de los derechos humanos que no son respetados.
El miércoles relatábamos tan solo un caso de los muchos que han ocurrido durante la actual administración estatal, el de MaryJose Gamboa; protestas por todos lados, organizaciones sociales, empresarios y hasta alcaldes a los que les son retenidos los recursos y por supuesto burócratas o empleados gubernamentales que se quejan de los pagos impuntuales en su nomina.
Para sumarle una rayita mas al tigre, ahora existe una investigación de la Auditoria Superior de la Federación, precisamente por ello, por el desvió de recursos federales que ha estado presente y que es otro tema por abordar, pero en el tema de las leyes, la justicia y demás ordenamientos legales, por más que se presuma que en Veracruz existe un respeto irrestricto, los hechos dicen lo contrario.
Son mucho los abusos cometidos por el estado, que han incurrido en la falta de apego a las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos; otro de los casos más marcados en Veracruz, es el del homicidio de la periodista y corresponsal de la Revista Proceso en la entidad, Regina Martínez.
Fue en el mes de abril del año 2012, cuando “la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue encontrada asesinada esta tarde en su domicilio, en Xalapa”. De los hechos y tras la presión de medios nacionales, la Procuraduría informaba que tras las investigaciones, se había dado con el paradero de uno de los presuntos asesinos de la comunicadora; cabe precisar que desde un principio el Poder Ejecutivo negó que se tratara de un homicidio derivado del ejercicio de su profesión.
En Octubre de 2012, la Procuraduría General de Justica (PGJ) de Veracruz presentó a uno de los presuntos asesinos de la periodista Regina Martínez, a seis meses de que la corresponsal del semanario Proceso fuera encontrada muerta en su casa. El titular de la procuraduría de Veracruz, en ese entonces, Amadeo Flores Espinoza, informaba que el nombre de uno de los responsables del asesinato de Regina Martínez era Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, quien ya se encontraba detenido y “confeso”, según el fiscal.
Según la Procuraduría, El Silva y El Jarocho, eran los homicidas, solo uno detenido. Tras la captura uno de los supuesto criminales, el Gobierno intentaba así liberar un poco la carga en su contra, desprendida del repudio por el homicidio de la comunicadora y la falta de resultados en la investigación. Fue en los primeros días del mes de agosto de 2013, cuando La séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión contra Jorge Antonio Hernández alias “El Silva”, por el presunto asesinato de la periodista Regina Martínez. Los magistrados, Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra, tomaron ésta decisión porque consideraron que se violaron las garantías de Hernández durante el proceso, además de no tener la debida defensa por el abogado asignado por la Procuraduría General del Estado.
Fue así que en votación mayoritaria, los magistrados Edel Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra decidieron revocar la sentencia dictada a “El Silva” por considerar que se violaron sus garantías en el proceso penal y no contó con una debida defensa, además de señalar tortura para obligarlo a confesarse culpable. Tras lo anterior se emprendido una andanada de críticas en contra de los magistrados, quienes culparon al Poder Ejecutivo de exhibirlos de esa manera por desenmascarar las violaciones a derechos humanos cometidas en contra del inculpado. En octubre de 2014, se anunció la recaptura de Jorge Antonio Hernández, ‘El Silva’. Lo anterior después de que, en votación diferenciada, la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) resolviera reaprenderlo.
Los magistrados que con anterioridad ordenaron la liberación de “El Silva” no solo fueron denostados públicamente, sino que fueron removidos de sala, lo cual fue calificado por la sociedad como una reprimenda; el magistrado ponente del caso, Edel Álvarez, fue cambiado de la Séptima a la Tercera Sala Penal y en su lugar fue designado el hijo del ex titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Amadeo Flores Villalba, lo cual fue ampliamente reprobado. Y así Veracruz fue nuevamente exhibido por las violaciones cometidas a los derechos humanos tanto de victimas como de inculpados, con el único afán de mostrar una imagen de resultados.